El programa electoral del
PSOE incorpora un importante apartado dedicado a la regeneración democrática,
el refuerzo del catálogo de derechos civiles y políticos, la mejora de la
calidad de las instituciones, las Administraciones Públicas y el Poder
Judicial; así como también otras cuestiones de ética pública como es la Memoria
Histórica. A este macroapartado se le ha denominado “La defensa de lo Público”,
un título con mucho acierto puesto que hace referencia a lo que es de todos y
todas y a la necesidad imperiosa de defenderlo frente a la degradación que ha
sufrido en esta nefasta legislatura de Gobierno del PP con Rajoy a la cabeza
(desde 2011 ha caído la satisfacción de la ciudadanía con los servicios
públicos en veinte puntos). A continuación pasamos a reflejar algunas de las
medidas más relevantes incluidas en el programa que, como ha aseverado Pedro
Sánchez, lo considera como un contrato con la ciudadanía.
El próximo Gobierno de
España, que dirigirá sin duda Pedro Sánchez, promoverá en el seno de la Unión
Europea una estrategia de recuperación del mejor espíritu europeísta, con
medidas que acerquen a la ciudadanía esta Organización, cada vez percibida por
más gente como un mastodonte anquilosado que perjudica a la sociedad y los
pueblos que la integran. Propondremos dotar de más poder a la Comisión y al
Parlamento Europeo, que son las instituciones con mayor legitimidad democrática
en la UE, así como reforzar la del Banco Central Europeo, institución que
decide algo tan importante como la política monetaria. Exigiremos que se dote
de peso en las decisiones de la UE a los Parlamentos Nacionales y la apertura
de verdaderos canales de participación ciudadana y mecanismos de rendición de
cuentas a la ciudadanía por parte de las instituciones de la Unión.
A nivel nacional, nuestro
programa en materia de regeneración democrática es muy ambicioso: proponemos la
reforma del sistema electoral para que sea más proporcional y para que los y
las votantes puedan emitir sus preferencias dentro de los y las miembros de la
candidatura escogida (listas desbloqueadas), la limitación de mandatos de la
Presidencia del Gobierno (dos consecutivos como máximo), la incompatibilidad de
que los cargos públicos perciban más de un salario, la limitación del
aforamiento a las tareas puramente parlamentarias, la prohibición de los
indultos por delitos de corrupción o violencia de género, lucharemos contra los
conflictos de intereses regulando la actividad de los lobbies, haciendo más restrictivo el régimen de incompatibilidades
para cerrar las llamadas “puertas giratorias”, suspensión de cargos políticos y
otros altos cargos institucionales y administrativos cuando se les abra juicio
oral por delitos relacionados con la corrupción, endurecimiento de las penas y
ampliación de los plazos de prescripción de dichos delitos, dotación de más
medios a la Fiscalía Anticorrupción… Respecto a la regulación de los partidos
políticos, haremos obligatoria la celebración de primarias en todos ellos,
puesto que consideramos que la democracia interna en los partidos es un derecho
de la militancia e incluso de la ciudadanía en su conjunto. Unificaremos en una
sola Ley la regulación de los partidos políticos y su financiación,
vincularemos la financiación pública de los mismos a la adopción de medidas
tendentes a incrementar la democracia interna e ilegalizaremos aquellos
partidos que promuevan el odio o la violencia.
Por otra parte,
reforzaremos la transparencia de las instituciones y estableceremos mecanismos
de rendición de cuentas y de diálogo permanente entre los y las diputados y la
ciudadanía. Abriremos canales para la participación ciudadana aprovechando las
oportunidades que brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación y
adoptando medidas de calado como la rebaja de las firmas necesarias para
presentar iniciativas legislativas populares (de las 500 mil actuales a 300
mil), a fin de facilitar el proceso, o la implantación del llamado “escaño 351”
(la posibilidad de que el o la portavoz de la comisión promotora de la
iniciativa pueda defenderla directamente en el Congreso, algo que ya funciona
en Andalucía).
En materia de
Administración Pública tenemos el compromiso de prestigiarla, prestigiando la
función pública y el sector público en general. Los empleados públicos
recuperarán progresivamente sus derechos laborales perdidos y su poder
adquisitivo, se establecerán ayudas al estudio para el acceso a la función
pública, a fin de que no existan barreras socioeconómicas, y también se
reforzarán los derechos y las garantías de la ciudadanía ante la Administración.
Implementaremos medidas de Administración electrónica, de colaboración
interadministrativa y de evaluación del diseño y la ejecución de las políticas
públicas y de los programas de gasto público (a tal efecto, reforzaremos el
papel de la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad de los Servicios Públicos,
abandonada en esta legislatura), a fin de mejorar la eficiencia administrativa.
En materia de contratación pública, se reforzará la transparencia y la objetividad,
se articularán mecanismos para evitar fraccionamientos y otros abusos y huidas
de la concurrencia. Además, se introducirán cláusulas sociales,
medioambientales y de género en los contratos públicos y se revisará el régimen
de prohibición de contratar, para garantizar que solo las empresas idóneas
tengan acceso a la contratación pública y que, además, estén mejor posicionadas
las que pongan en marcha programas de Responsabilidad Social Corporativa.
En la Administración de
Justicia adoptaremos medidas muy similares. Queremos prestigiarla también,
comenzando por hacerla más accesible: derogaremos las tasas judiciales,
reforzaremos la Justicia gratuita y estableceremos ayudas al estudio para los
opositores. También queremos reforzar la independencia del Poder Judicial y del
Ministerio Fiscal. En el primer caso, revisaremos el mecanismo de elección de
los miembros del Consejo General del Poder Judicial, manteniendo la elección
final por el Parlamento, pero los aspirantes deberán presentar su propia candidatura
y deberán pasar un examen de idoneidad ante un comité de expertos independiente
de composición variable. Respecto del Ministerio Fiscal, reformaremos el
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar su autonomía,
transfiriendo competencias del Fiscal General del Estado hacia el Consejo
Fiscal, las Juntas de Fiscales y la Junta de Fiscales de Sala.
En materia de derechos
civiles, nuestro compromiso es claro: somos feministas porque el feminismo es
más ciudadanía, creemos en la paridad, en la igualdad de género en la política,
en las instituciones y en la Administración Pública. Vamos a reforzar la lucha
contra la violencia de género, buscando un pacto de Estado, dotando de más
medios a la policía y la Administración de Justicia y previniéndola desde el
sistema educativo. Lucharemos también contra la prostitución y la trata de
seres humanos con fines de explotación sexual. Por otra parte, vamos a derogar
las leyes más represivas con los derechos civiles y políticos: la “Ley
Mordaza”, que criminaliza la protesta social y establece un cuadro de
infracciones y sanciones administrativas totalmente desproporcionado y fuera
del control judicial; y la reforma del Código Penal que ha reintroducido en España la cadena
perpetua, camuflada bajo el eufemismo de “prisión permanente revisable”.
También reforzaremos el catálogo y la protección de los derechos de usuarios y
consumidores, eliminando, por ejemplo, las cláusulas suelo de los créditos
hipotecarios. Y, por último, en materia de medios de comunicación, respetaremos
su pluralidad e independencia, sin interferencias políticas. Además, en el caso
de los medios de titularidad pública, garantizaremos su calidad e
imparcialidad, recuperando el Estatuto de RTVE del Gobierno socialista de
Zapatero, según el cual el director del ente se escogía por mayoría
parlamentaria cualificada de dos tercios.
Cerramos el análisis de
este bloque del programa electoral refiriéndonos a otros aspectos relacionados
con la defensa de lo Público que se han incluido en el programa como son los
relativos a la laicidad del Estado y a la Memoria histórica. Vamos a promover
una auténtica separación entre la Religión y el Estado porque un Estado
verdaderamente democrático no pretende influir ni directa ni indirectamente en
la formación de la conciencia moral y religiosa de la ciudadanía, sin
apelaciones a la tradición o la cultura, ya muy manidas. Por ello, vamos a
denunciar el Concordato con la Santa Sede, que carece de sentido en pleno siglo
XXI; vamos a sacar la Religión del currículum y el horario académico, de forma
que podrá seguir impartiéndose en las escuelas pero como actividad
extraescolar; la Iglesia Católica deberá autofinanciarse, como el resto de
confesiones religiosas; se garantizará la neutralidad en los actos públicos oficiales,
ceremonias de Estado, tomas de posesión de cargos públicos, etc.; se revisarán
las inmatriculaciones de bienes a nombre de la Iglesia desde 1998, año en que
el Gobierno presidido por José María Aznar amplió los poderes de la Iglesia
Católica como fedataria pública, lo cual le ha permitido engrosar su patrimonio
de forma injusta… Por último, también hemos dedicado un apartado importante a
la Memoria Histórica, abandonada por el Gobierno del PP en esta legislatura por
razones ideológicas. No es una cuestión de revanchismo en absoluto, como afirma
la derecha, es una cuestión de higiene moral, de ética pública: en ningún país
democrático cabe pensar en nombres de calles, monumentos públicos, placas
conmemorativas y similares que ensalcen una dictadura. Tampoco cabe la
existencia de más de cien mil cadáveres sin identificar en cunetas y fosas
comunes, por lo que nos comprometemos a exhumarlos, identificarlos y entregar
los restos a las familias. Vamos a formar una Comisión de la Verdad, como las
que se crearon en otros muchos países, para que se conozcan en profundidad
todos los hechos acontecidos en aquellos años de oscuridad y represión. Y, por
último, entre las medidas más destacables, vamos a revisar la cuestión de la
nulidad de los juicios del franquismo por responsabilidades políticas, para
cerrar el triángulo de Verdad, Justicia y Reparación.
Escrito por Pedro Molina
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