DEFENSA DE LO PÚBLICO

El programa electoral del PSOE incorpora un importante apartado dedicado a la regeneración democrática, el refuerzo del catálogo de derechos civiles y políticos, la mejora de la calidad de las instituciones, las Administraciones Públicas y el Poder Judicial; así como también otras cuestiones de ética pública como es la Memoria Histórica. A este macroapartado se le ha denominado “La defensa de lo Público”, un título con mucho acierto puesto que hace referencia a lo que es de todos y todas y a la necesidad imperiosa de defenderlo frente a la degradación que ha sufrido en esta nefasta legislatura de Gobierno del PP con Rajoy a la cabeza (desde 2011 ha caído la satisfacción de la ciudadanía con los servicios públicos en veinte puntos). A continuación pasamos a reflejar algunas de las medidas más relevantes incluidas en el programa que, como ha aseverado Pedro Sánchez, lo considera como un contrato con la ciudadanía.

El próximo Gobierno de España, que dirigirá sin duda Pedro Sánchez, promoverá en el seno de la Unión Europea una estrategia de recuperación del mejor espíritu europeísta, con medidas que acerquen a la ciudadanía esta Organización, cada vez percibida por más gente como un mastodonte anquilosado que perjudica a la sociedad y los pueblos que la integran. Propondremos dotar de más poder a la Comisión y al Parlamento Europeo, que son las instituciones con mayor legitimidad democrática en la UE, así como reforzar la del Banco Central Europeo, institución que decide algo tan importante como la política monetaria. Exigiremos que se dote de peso en las decisiones de la UE a los Parlamentos Nacionales y la apertura de verdaderos canales de participación ciudadana y mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de las instituciones de la Unión.

A nivel nacional, nuestro programa en materia de regeneración democrática es muy ambicioso: proponemos la reforma del sistema electoral para que sea más proporcional y para que los y las votantes puedan emitir sus preferencias dentro de los y las miembros de la candidatura escogida (listas desbloqueadas), la limitación de mandatos de la Presidencia del Gobierno (dos consecutivos como máximo), la incompatibilidad de que los cargos públicos perciban más de un salario, la limitación del aforamiento a las tareas puramente parlamentarias, la prohibición de los indultos por delitos de corrupción o violencia de género, lucharemos contra los conflictos de intereses regulando la actividad de los lobbies, haciendo más restrictivo el régimen de incompatibilidades para cerrar las llamadas “puertas giratorias”, suspensión de cargos políticos y otros altos cargos institucionales y administrativos cuando se les abra juicio oral por delitos relacionados con la corrupción, endurecimiento de las penas y ampliación de los plazos de prescripción de dichos delitos, dotación de más medios a la Fiscalía Anticorrupción… Respecto a la regulación de los partidos políticos, haremos obligatoria la celebración de primarias en todos ellos, puesto que consideramos que la democracia interna en los partidos es un derecho de la militancia e incluso de la ciudadanía en su conjunto. Unificaremos en una sola Ley la regulación de los partidos políticos y su financiación, vincularemos la financiación pública de los mismos a la adopción de medidas tendentes a incrementar la democracia interna e ilegalizaremos aquellos partidos que promuevan el odio o la violencia.

Por otra parte, reforzaremos la transparencia de las instituciones y estableceremos mecanismos de rendición de cuentas y de diálogo permanente entre los y las diputados y la ciudadanía. Abriremos canales para la participación ciudadana aprovechando las oportunidades que brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación y adoptando medidas de calado como la rebaja de las firmas necesarias para presentar iniciativas legislativas populares (de las 500 mil actuales a 300 mil), a fin de facilitar el proceso, o la implantación del llamado “escaño 351” (la posibilidad de que el o la portavoz de la comisión promotora de la iniciativa pueda defenderla directamente en el Congreso, algo que ya funciona en Andalucía).

En materia de Administración Pública tenemos el compromiso de prestigiarla, prestigiando la función pública y el sector público en general. Los empleados públicos recuperarán progresivamente sus derechos laborales perdidos y su poder adquisitivo, se establecerán ayudas al estudio para el acceso a la función pública, a fin de que no existan barreras socioeconómicas, y también se reforzarán los derechos y las garantías de la ciudadanía ante la Administración. Implementaremos medidas de Administración electrónica, de colaboración interadministrativa y de evaluación del diseño y la ejecución de las políticas públicas y de los programas de gasto público (a tal efecto, reforzaremos el papel de la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad de los Servicios Públicos, abandonada en esta legislatura), a fin de mejorar la eficiencia administrativa. En materia de contratación pública, se reforzará la transparencia y la objetividad, se articularán mecanismos para evitar fraccionamientos y otros abusos y huidas de la concurrencia. Además, se introducirán cláusulas sociales, medioambientales y de género en los contratos públicos y se revisará el régimen de prohibición de contratar, para garantizar que solo las empresas idóneas tengan acceso a la contratación pública y que, además, estén mejor posicionadas las que pongan en marcha programas de Responsabilidad Social Corporativa.

En la Administración de Justicia adoptaremos medidas muy similares. Queremos prestigiarla también, comenzando por hacerla más accesible: derogaremos las tasas judiciales, reforzaremos la Justicia gratuita y estableceremos ayudas al estudio para los opositores. También queremos reforzar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal. En el primer caso, revisaremos el mecanismo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, manteniendo la elección final por el Parlamento, pero los aspirantes deberán presentar su propia candidatura y deberán pasar un examen de idoneidad ante un comité de expertos independiente de composición variable. Respecto del Ministerio Fiscal, reformaremos el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar su autonomía, transfiriendo competencias del Fiscal General del Estado hacia el Consejo Fiscal, las Juntas de Fiscales y la Junta de Fiscales de Sala.

En materia de derechos civiles, nuestro compromiso es claro: somos feministas porque el feminismo es más ciudadanía, creemos en la paridad, en la igualdad de género en la política, en las instituciones y en la Administración Pública. Vamos a reforzar la lucha contra la violencia de género, buscando un pacto de Estado, dotando de más medios a la policía y la Administración de Justicia y previniéndola desde el sistema educativo. Lucharemos también contra la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Por otra parte, vamos a derogar las leyes más represivas con los derechos civiles y políticos: la “Ley Mordaza”, que criminaliza la protesta social y establece un cuadro de infracciones y sanciones administrativas totalmente desproporcionado y fuera del control judicial; y la reforma del Código Penal  que ha reintroducido en España la cadena perpetua, camuflada bajo el eufemismo de “prisión permanente revisable”. También reforzaremos el catálogo y la protección de los derechos de usuarios y consumidores, eliminando, por ejemplo, las cláusulas suelo de los créditos hipotecarios. Y, por último, en materia de medios de comunicación, respetaremos su pluralidad e independencia, sin interferencias políticas. Además, en el caso de los medios de titularidad pública, garantizaremos su calidad e imparcialidad, recuperando el Estatuto de RTVE del Gobierno socialista de Zapatero, según el cual el director del ente se escogía por mayoría parlamentaria cualificada de dos tercios.

Cerramos el análisis de este bloque del programa electoral refiriéndonos a otros aspectos relacionados con la defensa de lo Público que se han incluido en el programa como son los relativos a la laicidad del Estado y a la Memoria histórica. Vamos a promover una auténtica separación entre la Religión y el Estado porque un Estado verdaderamente democrático no pretende influir ni directa ni indirectamente en la formación de la conciencia moral y religiosa de la ciudadanía, sin apelaciones a la tradición o la cultura, ya muy manidas. Por ello, vamos a denunciar el Concordato con la Santa Sede, que carece de sentido en pleno siglo XXI; vamos a sacar la Religión del currículum y el horario académico, de forma que podrá seguir impartiéndose en las escuelas pero como actividad extraescolar; la Iglesia Católica deberá autofinanciarse, como el resto de confesiones religiosas; se garantizará la neutralidad en los actos públicos oficiales, ceremonias de Estado, tomas de posesión de cargos públicos, etc.; se revisarán las inmatriculaciones de bienes a nombre de la Iglesia desde 1998, año en que el Gobierno presidido por José María Aznar amplió los poderes de la Iglesia Católica como fedataria pública, lo cual le ha permitido engrosar su patrimonio de forma injusta… Por último, también hemos dedicado un apartado importante a la Memoria Histórica, abandonada por el Gobierno del PP en esta legislatura por razones ideológicas. No es una cuestión de revanchismo en absoluto, como afirma la derecha, es una cuestión de higiene moral, de ética pública: en ningún país democrático cabe pensar en nombres de calles, monumentos públicos, placas conmemorativas y similares que ensalcen una dictadura. Tampoco cabe la existencia de más de cien mil cadáveres sin identificar en cunetas y fosas comunes, por lo que nos comprometemos a exhumarlos, identificarlos y entregar los restos a las familias. Vamos a formar una Comisión de la Verdad, como las que se crearon en otros muchos países, para que se conozcan en profundidad todos los hechos acontecidos en aquellos años de oscuridad y represión. Y, por último, entre las medidas más destacables, vamos a revisar la cuestión de la nulidad de los juicios del franquismo por responsabilidades políticas, para cerrar el triángulo de Verdad, Justicia y Reparación.

Escrito por Pedro Molina