Los socialistas desarrollan una campaña informativa para advertir de los riesgos de la reforma de la PAC negociada por el gobierno del PP que pone en peligro el sector agrario andaluz
El PSOE de Andalucía exige a través de una campaña al Gobierno del PP “una PAC más justa para una Andalucía más fuerte”. Se trata de una acción que combina actuaciones en el territorio, como el reparto de folletos en las zonas con mayor incidencia de esta reforma, con la difusión de material informativo y videos a través de las redes sociales.
Tal y como se señala en estos materiales “la reforma de la PAC negociada por el Gobierno del PP pone en riesgo la agricultura andaluza. Los cambios previstos serán muy lesivos para el campo andaluz y por ello los socialistas vamos a seguir luchando para evitar que se produzca un daño irreparable a un sector fundamental para la economía de nuestra tierra”.
Los socialistas rechazan la reforma de la PAC negociada por el PP “porqueRECORTA el presupuesto comunitario para la PAC y por tanto las ayudas; porqueDISCRIMINA y permite que un agricultor español siga recibiendo un 69% menos de ayudas PAC que un francés, un alemán o un británico; porque DESREGULA el mercado, elimina cuotas de producción y derechos de plantación; porque NO DEFIENDE a los agricultores activos, que generan empleo y desarrollo en el medio rural, y favorece a los que tienen más hectáreas, aunque no produzcan; porque REDUCE las ayudas por hectárea y por activo, por efecto de la reducción presupuestaria y el sistema de capas; porque se ELIMINA EL TOPE DE AYUDASpor explotación para los grandes perceptores, favoreciendo una vez más a los que más cobran; y porque PONE EN PELIGRO al sector agrario. Porque puede producir el desmantelamiento de un sector estratégico para nuestra economía, que es la base de nuestra producción alimentaria y que genera empleo y riqueza a pesar del momento de crisis que estamos viviendo”.
Entre las reivindicaciones de los socialistas andaluces se encuentran el mantenimiento del presupuesto para Andalucía, que asciende a unos 2000 millones de euros anuales; que se evite dar ayudas a beneficiarios sin actividad, que se impida la entrada a nuevas superficies en el sistema de ayudas, especialmente pastos sin actividad, y en general, que se apoye una actividad agroalimentaria competitiva, innovadora, sostenible, productiva y generadora de empleo.
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