Mucho se ha hablado en los últimos tiempos sobre el Tribunal Constitucional a propósito de la tan esperada sentencia sobre el Estatut de Catalunya de 2006. Ha sido enormemente cuestionado a ambos lados del espectro político, tanto por la derecha, ya sea nacionalista española o nacionalista periférica; como por la izquierda, aunque en su mayor parte haya venido por la izquierda nacionalista periférica. Los argumentos, básicamente, han sido los siguientes: la derecha nacionalista española, encarnada en el PP, ha reiterado una y otra vez como un dogma de fé el "España se rompe"; y los nacionalismos periféricos, ya sean de izquierdas o de derechas, han convergido en el argumento de que un texto legal refrendado por un parlamento autonómico, un parlamento nacional y la soberanía popular votando en referéndum no puede anularse por un tribunal porque esto sería antidemocrático, máxime cuando varios de los magistrados de este tribunal deberían haber sido sustituidos hace ya tiempo.
El PP tiene razón en parte: no es que España se rompa, es que su idea de España se rompió, se rompió hace mucho tiempo, con la muerte del general Franco. El cortijo de Madrid que dirigía los designios del Estado-nación español se rompió. Además de que la idea del centralismo político nunca existió en España hasta que se la trajeron los borbones de Francia a comienzos del siglo XVIII. Es una idea genuina francesa, de Colbert. Eso lo sabe todo el que sepa Historia de España o Derecho histórico español. Mantener en pleno siglo XXI que la unidad de la patria se fundamenta en las ideas políticas del siglo XVIII de Colbert, negando las diferentes sensibilidades regionales o, por qué no decirlo, nacionales, que existen en España, es legítimo; sin embargo, no creo que se ajuste al espíritu constitucional de 1978.
Con respecto a los argumentos planteados por la otra parte, cometen errores de bulto que nacen de un desconocimiento quizá interesado de Derecho Constitucional español: el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución, sus sentencias son jurídicamente vinculantes para todos los poderes públicos y la ciudadanía. Recibe su legitimidad de las instituciones democráticas y mientras sus magistrados ocupen el cargo son competentes para pronunciarse sobre cuanta disposición con rango y fuerza de ley tengan que hacerlo. Se puede discrepar sobre su interpretación de la Constitución, se puede discrepar sobre su naturaleza jurídica, se puede discrepar sobre la propia Constitución porque siempre hemos dicho que la grandeza de una Constitución es la de no imponer un modelo de "democracia militante". Se puede decir por tanto que la naturaleza de este tribunal es antidemocrática, pero no se puede decir que es incompetente para enjuiciar la constitucionalidad de una norma con rango y fuerza de ley. Por otro lado, desde una perspectiva democrática avanzada, no creo que el hecho de que un tribunal de esta naturaleza revise decisiones del pueblo sea antidemocrático, porque la democracia no es la simple imposición de la mayoría, sino que existen unos límites: la integración de las minorías en pie de igualdad con las mayorías, el respeto a los derechos fundamentales y la asignación de funciones mediante criterios de esfuerzo, mérito y capacidad. Paradójicamente, fue el jurista nazi Carl Schmitt quien dijo que las decisiones del parlamento eran plenamente soberanas y fue otro jurista, Kelsen, quien diseñó el modelo constitucional que nosotros tenemos para establecer unas garantías constitucionales que ahora nos resultan útiles para salvaguardar la propia democracia.
En definitiva, estoy muy de acuerdo con el fallo del Constitucional en relación con el Estatut de Catalunya porque considero que avanza hacia un modelo de Estado federal donde caben todas esas sensibilidades que conforman una España plural. Ahora bien, también considero muy positivo el debate generado en torno a la eficacia y la legitimidad del propio tribunal. Habrá que arbitrar mecanismos que eviten bloqueos absurdos como el que hemos vivido en la renovación de sus miembros y habrá que encontrar fórmulas que incrementen la legitimidad en la elección de los mismos.
